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Poder Judicial de NL sugiere reforma para proteger carrera laboral

Nuevo León presenta una reforma para proteger la carrera judicial y ajustar la legislación estatal a cambios federales.

La iniciativa busca ajustar la legislación estatal y mejorar la estabilidad del personal judicial.
Poder Judicial de NL entrega al Congreso su propuesta de reforma: Buscan blindar carrera laboral / Foto: Especial

Monterrey, Nuevo León. - La presidenta del Poder Judicial de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, presentó ante el Congreso local una propuesta de reforma constitucional. Esta iniciativa busca ajustar la legislación estatal a los cambios federales en materia judicial, además de abordar temas de estabilidad laboral y profesionalización del personal.

La propuesta, resultado de meses de trabajo conjunto entre el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, incluye la creación de comités para implementar tanto la reforma judicial como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se sugiere un modelo de elección de jueces similar al esquema federal de 2025 y que el Tribunal de Disciplina Judicial sea elegido por voto directo.

Los cambios propuestos no se limitan al ámbito electoral. Incluyen mecanismos destinados a asegurar la continuidad en los tribunales, como la suplencia y la atención de quejas, junto con reglas que permiten a los juzgadores participar en procesos electorales sin la obligación de postularse para un cargo. Un aspecto destacado de la reforma es la protección de la carrera judicial, garantizando que aquellos que no sean electos puedan reintegrarse al sistema.

Adicionalmente, se busca elevar a rango constitucional la planeación estratégica del Poder Judicial y establecer filtros de ingreso, con la participación de universidades y organizaciones civiles en los exámenes de idoneidad. La reforma también contempla medidas para la protección de derechos laborales, incluyendo jubilación anticipada y continuidad en servicios médicos.

El documento mantiene la división actual de 14 distritos judiciales y establece un plazo de 120 días para ajustar cerca de 28 leyes secundarias necesarias para la implementación de la reforma. Este proyecto se suma a otras siete iniciativas en análisis por el Congreso local, siendo esta la primera elaborada directamente por el Poder Judicial.

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